Exclusivo| La Contraloría advierte errores, omisiones y riesgos penales… y TransMilenio guarda silencio en medio del incremento tarifario.

Foto: SI18 Contigo

El documento —correspondiente a la auditoría financiera, de gestión y resultados 2024— detalla pagos no justificados, fallas en la supervisión de contratos, omisiones en controles internos y un proceso de selección que la entidad de control clasificó con presunta incidencia penal.

Según la auditoría, el hallazgo fiscal más alto corresponde a un pago por $1.033 millones derivado del arriendo de un inmueble en el que la entidad asumió el costo de 819,46 metros cuadrados de áreas comunes que no debían cobrarse. El desembolso, señala el informe, pasó por los filtros administrativos sin que se advirtiera el cobro improcedente y sin que existieran revisiones posteriores que corrigieran la inconsistencia. La Contraloría lo catalogó como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

Otro hallazgo significativo —por $91 millones— está relacionado con un contrato de comunicaciones celebrado con la ETB. La auditoría determinó que se adquirieron equipos cuyo uso fue parcial o inexistente y que la justificación técnica que sustentara su compra no está documentada. Los auditores concluyen que hubo deficiencias en la planeación y estructuración contractual, lo que generó un uso ineficiente de recursos públicos.

El informe también cuestiona el proceso de selección y adjudicación de la firma L&Q Revisores Fiscales, encargada de la revisoría fiscal de TransMilenio. La Contraloría señala que la actuación de la entidad contravino principios esenciales de la contratación estatal y que las condiciones bajo las cuales se adelantó el proceso podrían tener presunta incidencia disciplinaria y penal, razón por la cual dio traslado a las autoridades competentes. El documento agrega que, en paralelo, la adjudicación de un contrato por $148.800 millones a la Operadora Distrital de Transporte (La Rolita) para la operación del TransMiCable se realizó sin contar con análisis económicos o financieros que soportaran su viabilidad. Para subsanar los vacíos iniciales, la administración acudió a un modificatorio contractual, lo cual —según la auditoría— vulnera los principios de planeación y selección objetiva.

Las conclusiones del organismo de control no se limitan a lo administrativo. El informe revela deficiencias en el seguimiento al concesionario Recaudo Bogotá, pese a las fallas recurrentes en la infraestructura tecnológica del sistema de recaudo. Aunque el contrato contempla acciones correctivas y sancionatorias, la auditoría no encontró evidencia de que la entidad hubiera aplicado los mecanismos previstos. Asimismo, se identificaron fallas en los controles de acceso y salida del personal que opera en portales como 20 de Julio, El Dorado, Américas, Usme, Tunal y Sur, situación que, de acuerdo con el informe, afecta la trazabilidad operativa del sistema y aumenta los riesgos de seguridad.

Adicionalmente, TransMilenio registra $303.089 millones en pasivos contingentes derivados de demandas y reclamaciones. Aunque clasificados como “posibles”, representan un riesgo latente para la estabilidad financiera de la entidad y para las finanzas del Distrito.